Por disposición del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), los operadores privados LUMA Energy, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tendrán que rendir informes mensuales sobre los avances realizados en el Plan de Estabilización Prioritario del Sistema Eléctrico.

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La nueva exigencia surge mediante una Resolución y Orden publicada por el regulador, adscrito a la Junta Reglamentadora de Servicio Público, con el objetivo de monitorear la ejecución de medidas correctivas para mejorar la confiabilidad del servicio energético en la isla.

La orden forma parte de los esfuerzos del NEPR para atender las fallas recurrentes en el sistema eléctrico y los apagones que afectan al país. Según explicó el organismo, LUMA, Genera y la AEE debían someter planes preliminares agresivos para mitigar los factores clave que provocan la inestabilidad del sistema, tales como sistemas de protección obsoletos, falta de redundancia, deficiencias en la gestión de vegetación, problemas con la frecuencia e inercia, así como generación no confiable.

Cada plan debía incluir medidas correctivas, estimados de costos y fuentes de financiamiento. Una vez evaluados por el Negociado, se dio paso al diseño del plan de estabilización, que ahora deberá ser monitoreado de forma rigurosa.

A partir del 27 de abril de 2025, LUMA deberá presentar al NEPR informes mensuales de forma colaborativa con Genera y la AEE. Los informes deben detallar el progreso de cada medida, así como señalar posibles obstáculos y proponer soluciones proactivas. Como parte del proceso, el Negociado recomendó que las partes celebren reuniones periódicas para garantizar la ejecución coordinada del plan.

La Resolución advierte que el incumplimiento con estos requerimientos puede conllevar la imposición de multas administrativas de hasta $125,000 por día. De incurrirse en reincidencias, las sanciones podrían alcanzar hasta $250,000 por infracción, según lo dispuesto en la nueva Ley 2-2025.

Reclamos por falta de acceso al informe de FTI

Mientras tanto, el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) elevó un reclamo de transparencia al solicitar acceso al estudio de costo-beneficio elaborado por la firma FTI, el cual ha sido utilizado como base para justificar una enmienda al contrato de Genera que eliminaría las bonificaciones por desempeño y aumentaría el pago por servicios.

El asesor legal del ICSE, licenciado Fernando Agrait, informó que se solicitó formalmente copia del informe tanto a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) como al propio NEPR, sin obtener acceso hasta el momento. En respuesta, ICSE radicó una moción ante el Negociado de Energía exigiendo la divulgación del documento.

"Estas acciones fueron necesarias porque la APP y el Negociado no han permitido acceso al informe de FTI", afirmó Agrait. "Tenemos la responsabilidad y el derecho a entender cuál es el alegado beneficio para el consumidor al enmendar el contrato de Genera. Según la Gobernadora, esta enmienda resultaría en un ahorro de más de $800 millones, pero sin acceso al informe no hay manera de corroborar esa cifra".

Agrait recordó que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el informe debe considerarse un documento público, ya que se trata de información que se origina o conserva en una dependencia del Estado.

El abogado advirtió que ICSE evalúa otras vías legales para lograr acceso al documento, ante lo que consideran una falta de transparencia que podría afectar la rendición de cuentas sobre decisiones que impactan directamente al consumidor.