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El Senado de Puerto Rico, durante su Sesión Ordinaria del lunes, 7 de abril, aprobó el Proyecto del Senado 68, el cual propone la creación de la Ley de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico.

Este proyecto, propone crear la figura del Oficial de Inteligencia Artificial del Gobierno de Puerto Rico, adscrito al Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), y establece sus deberes, que incluyen desarrollar la política pública sobre IA, establecer salvaguardas éticas y legales, y supervisar los sistemas automatizados utilizados por agencias gubernamentales.

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La medida, que solo contó con dos votos en contra al momento de ser aprobada, también crea el Comité Asesor de Inteligencia Artificial para asesorar en mejores prácticas, competitividad, legislación y cooperación internacional.

A su vez, el proyecto de ley ordena al PRITS y al Oficial de IA, junto al Comité Asesor, a desarrollar e implementar la política pública sobre el uso seguro y eficaz de la IA en las agencias públicas. De convertirse en ley, a partir del 1 de enero de 2026, las agencias solo podrán utilizar sistemas automatizados que cumplan con los requisitos establecidos y aprobados por el Comité.

Descarga el Entirillado con Enmiendas del PS68

La propuesta se fundamenta en las Órdenes Ejecutivas federales: Executive Order 13859, Executive Order 13960 y el National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020, buscando alinear a Puerto Rico con las prácticas federales en IA.

El proyecto de ley, de la autoría del presidente del senado Thomas Rivera Schatz, y la coautoría del senador Wilmer Reyes Berríos,  fue recomendada para aprobación con un informe positivo de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial.

El informe refleja un amplio consenso sobre la necesidad de la medida, aunque también recoge críticas y recomendaciones de entidades como PRITS, TechNet y expertos independientes, quienes advierten sobre los riesgos de crear burocracia innecesaria, definiciones vagas y cargas regulatorias excesivas.

A pesar de estas observaciones, la Comisión respalda la aprobación del proyecto con enmiendas, destacando que no tendría impacto fiscal y que representa un paso decisivo para que Puerto Rico aproveche las oportunidades de la IA sin comprometer los derechos ciudadanos ni la eficiencia gubernamental.

La medida ahora pasará a la Cámara de Representantes para su consideración.